Notas de Prensa

En 2022, con la finalización de la etapa de excepcionalidad iniciada por el Real Decreto Ley 8/2020 para hacer frente al impacto del COVID-19, se recuperó el deber de solicitar el concurso por el deudor insolvente y volvieron a admitirse a trámite las solicitudes de concurso necesario provocando, en consecuencia, un incremento significativo en el número de concursos de sociedades. Esto se ha traducido en un aumento de sociedades concursadas del 27,3%, siendo por iniciativa del deudor más del 97% de los casos. Los pasivos afectados por procedimientos concursales aumentan significativamente tras su disminución en 2021 (casi un 58% respecto a 2020), superando los 10.500 millones de euros, sin embargo, el número total de trabajadores afectados aumenta en consonancia con el número de concursos, un 26,5%. La concursada típica continúa perteneciendo al sector servicios (no inmobiliarios) e inicia el procedimiento con diez años de antigüedad. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, sólo emplea a 4 empleados y sus pasivos superan ligeramente los 250.000€ (200.000 en 2021, 300.000 en 2020).

Estas son algunas de las conclusiones extraídas del Anuario Concursal elaborado por el Colegio de Registradores, con el asesoramiento científico de la UAB, cuyo estudio completo se puede consultar en https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-concursales

La ya habitualmente deteriorada situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento (voluntario en el 97% de los casos) empeoró incluso en 2022: casi un 70% tuvo pérdidas netas (resultado del ejercicio negativo) y ni tan siquiera se podía plantear la devolución de la deuda por su falta de recursos generados, y, por primera vez, más del 50% presentó fondos propios negativos, es decir, carece de patrimonio alguno. Sólo un 13% hubiese tenido capacidad financiera suficiente como para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites habituales de la Ley concursal.

En 2022 la proporción de concursos de sociedades del ciclo de la construcción continuó estable alrededor del 20% (21,1%), lejos del 27,2% de 2017 o el todavía más lejano 48,3% de 2008. Del total de concursadas, pertenecen al sector de servicios no inmobiliarios el 65,8% de las sociedades.

Reasignación de recursos y recuperación del crédito

En 2022, y ya como característica estructural del procedimiento, de las 1.790 fases sucesivas iniciadas (convenio o liquidación), un 87,9% (86,6 en 2021) fueron liquidaciones directas, y un 6,6% (8,4 en 2021) liquidaciones procedentes de intentos fallidos de reestructuración.

En más de 2.800 casos (1.700 en 2020 y 2.700 en 2021), se produce la apertura y conclusión del concurso simultáneamente, por insuficiencia de recursos del deudor para sufragar el procedimiento concursal.

En relación con las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios (y siempre bajo el supuesto de cumplimiento íntegro de los pagos), la mediana de la expectativa de cobro de las deudas en 2022 fue del 47,7%, muy similar a los dos años precedentes (47,5% en 2021 y 47,6% en 2020), siendo un 65% para las propuestas anticipadas de convenio, esto es, sin necesidad de celebración de junta de acreedores (aunque debemos tener en cuenta que se trata de tan sólo 7 observaciones). En un 25% de los casos esta expectativa de cobro es superior al 67% de las deudas, y más del 96% solamente se devolvería en el 5% de los convenios aprobados.

Duración del concurso 

Diferenciando por tipo de tramitación, en los concursos abreviados la fase sucesiva (liquidación o convenio) se inicia en menos de un año en el 65,7% de los casos (61% en 2021, y 66,4% en 2020), mientras que en los ordinarios ese plazo solo lo cumplen el 46,9% (48 en 2021 y 46,6 en 2020). Sea cual sea la tramitación, el procedimiento es típicamente más rápido en aquellos concursos solicitados por el deudor, es decir, voluntarios.

En 2022 se ha estimado que el concurso típico abreviado (liquidatorio) tarda 99 días en concluir, 1.484 días (1.601 en 2021) si excluimos aquellos con conclusión de concurso simultánea a la declaración (concursos exprés); mientras que los ordinarios requieren de 2.877 días (2.716 en 2021, 2.512 en 2020 y 2.077 en 2019). La mayor parte de este tiempo se consume en la fase de liquidación, siendo ajeno por tanto a cuestiones procesales.

La existencia de dos autos consecutivos de apertura de fase sucesiva (de convenio y de liquidación) extiende extraordinariamente la fase común en la tramitación abreviada (262 días más), siendo la diferencia menor en los concursos ordinarios (187 días más).

En este anuario sí se observa asociación positiva entre la dimensión de la concursada y la duración de la fase común en los concursos abreviados (tiempo atribuible enteramente al procedimiento y no a operaciones societarias como la liquidación), pero no en los ordinarios. En cualquier caso, un año más es en el grupo de concursos ordinarios de mayor duración donde encontramos el 5% de empresas de mayor tamaño de toda la muestra, con pasivos superiores a los 123 millones de euros, cuando el pasivo típico de este grupo se sitúa en los 10,5 millones de euros.

Ciclo de la Construcción

Con un aumento notable en el número de sociedades concursadas de la muestra, aquellas pertenecientes al ciclo de la construcción mantuvieron su peso sobre el total en alrededor del 20% (21,15% en 2022), lejos ya del 32,8% de 2015, o el 41,1% de 2013. Del total de pasivos afectados en 2022 (más de 10.500 millones, frente a los 3.400 millones de 2021, o los 8.100 de 2020), la participación de la construcción se situó en un 15,85% de ese importe.  

En 2022 fueron las sociedades de la industria para la construcción las que reflejaron los peores niveles de viabilidad: en caso de generar recursos positivos (48% de los casos) requerirían 18 años para atender la totalidad de sus pasivos. Y definitivamente, las dedicadas a las actividades inmobiliarias redujeron significativamente este tiempo (10 años, frente a los 16 de 2021 y los 25 de 2020). La sociedad típica del subsector de la construcción con recursos generados positivos, poco más del 50% del total, tardaría 16 años (10 en 2021, 13 en 2020) en atender todas sus deudas.