La batalla de Europa contra el blanqueo de capitales

Europa contra el blanqueoDurante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial se planteó por primera vez la necesidad de fijar unas reglas de juego para regir la economía mundial. Esa voluntad política quedó reflejada en la Conferencia Económica y Financiera de la ONU celebrada en 1944. En ella, los dirigentes del mundo occidental acordaron constituir el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, trazando la línea de salida de un nuevo orden global, definido por la liberalización del comercio y la reducción de las barreras aduaneras.

Ese modelo económico, en constante evolución, es el que ha llegado hasta nosotros, más de medio siglo después, trayendo consigo innumerables avances y progresos. Sin embargo, también produjo algunos serios problemas. Y uno de ellos, quizá uno de los principales, fue la dificultad para vigilar eficazmente los flujos financieros internacionales (asociados a actividades delictivas) que perseguían escapar del control gubernamental y judicial. Es un problema común a la mayoría de los Estados desarrollados, la cara oscura de la globalización, como señalan autores como el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

La Unión Europea lleva años intensificando su lucha contra ese fenómeno, que, lejos de remitir, ha crecido en los últimos años. Y lo ha hecho hasta niveles que podrían poner en peligro la propia estabilidad del sistema financiero internacional.

Tal y como ha subrayado en numerosas ocasiones el profesor Juan María Díaz Fraile, el volumen del flujo de capitales de origen ilícito (estimado por el Parlamento Europeo) representa entre el 2% y el 5% del PIB de la Unión, fruto del éxito relativo de las organizaciones criminales por encubrir el origen de los capitales producto del delito y de la corrupción.

Ante esta situación, la Unión Europea ha establecido un conjunto de soluciones aplicables a todos los países de la Unión, contenidas en los artículos 30 y 31 de la Cuarta Directiva, consciente de la necesidad de contar con información precisa y actualizada sobre el titular real para luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales (un factor clave para la localización de los delincuentes, que, de otro modo, podrían ocultar su identidad tras una estructura empresarial).

Por ese motivo, España está obligada a residenciar esta información sobre los titulares reales en los Registros Mercantiles debidamente interconectados con los restantes Registros de sociedades europeos, como de hecho así se está produciendo en los países de nuestro entorno, que ya han traspuesto o se encuentran ultimando la trasposición de esta importante Directiva. Así lo ha hecho recientemente, por ejemplo, Francia, depositando en los registradores de la propiedad la responsabilidad de identificar a los titulares reales (beneficial ownership en la versión inglesa de la Directiva), para reconocer con precisión quién se encuentra detrás de cada estructura del capital de las sociedades.

El Colegio de Registradores ya está preparado para asumir tal responsabilidad. A instancias del propio Colegio, el Ministerio de Economía aprobó la Orden de 11 de noviembre de 2015 por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales del Colegio de Registradores de España, Centro Registral Antiblanqueo, una potente estructura que actualmente está  trabajando a pleno rendimiento.

Solo queda, por lo tanto, esperar una pronta transposición fiel a la letra y al espíritu de la Cuarta Directiva, lo que implicará, sin lugar a dudas, un cambio efectivo en nuestro ordenamiento jurídico en favor de la transparencia de los negocios, del reforzamiento de la lucha contra la corrupción y contra el blanqueo de capitales.

Europa contra el blanqueo II

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