El GAFI destaca al Registro de Titularidades Reales

GAFIEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado el informe de evaluación de seguimiento del quinto año que analiza la efectividad del sistema español de prevención y persecución contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Para reflejar el progreso del país, el GAFI ha reevaluado a España en dos de estos resultados inmediatos y concluye que en España se aplican adecuadamente las normas y goza de un sistema financiero atractivo y seguro para los inversores.

El informe destaca como elementos positivos, que España creó el Registro Nacional de Fundaciones y un Organismo Centralizado para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CRAB), tras la evaluación de 2014.

No obstante, el GAFI explica en su informe, que el CRAB estaba funcionando con el visto bueno del SEPBLAC, al que remitía los expedientes que, previamente investigados, se consideraban indiciarios de la comisión de estos delitos.

Así, en 2014, se remitieron desde el CRAB 147 operaciones sospechosas, después de analizar más de 10.000 comunicaciones de todos los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España. Estos 10.000 expedientes, al no llegar a la Unidad de Inteligencia Financiera de España (SEPBLAC), han disminuido la carga de trabajo que soporta este organismo. Este servicio de prevención mantiene durante 10 años un registro pormenorizado de las operaciones que han sido objeto de examen especial.

También, la evaluación del GAFI hace hincapié en la creación del Registro de Titularidades Reales, creado en el CRAB en 2018 (en cumplimiento de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo), en el que las empresas deben declarar obligatoriamente quiénes son sus titulares reales, al tiempo que reseña la actualización permanente del mismo.

El GAFI afirma en su valoración que: “Dado que este Registro Titularidades Reales tiene carácter público, refuerza el esfuerzo conjunto de todas las instituciones españolas para ayudar a las instituciones, profesionales y empresas a cumplir con sus obligaciones de diligencia debida».

Subraya, por otra parte, que el Reglamento de la UE sobre transferencias electrónicas (2015/847) es aplicable en España desde 2017 e incluye requisitos relativos a la información sobre el ordenante (pagador) y el beneficiario (beneficiario).

Puntuación elevada

España obtiene una puntuación elevada en 10 de los 11 indicadores que analiza la efectividad de las medidas implantadas, lo que le posiciona como uno de los países mejor calificados del mundo en sus sistemas de prevención y de persecución contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Para reflejar este progreso, el GAFI ha vuelto a calificar a España en tres Recomendaciones en 2018 y el país ahora cumple o cumple en gran medida con 38 de las 40 recomendaciones. Estas recomendaciones constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales. Concebidas para su aplicación universal, abarcan el sistema jurídico penal y policial y el sistema financiero y su reglamentación, así como el marco de cooperación internacional.

El informe destaca la aplicación de medidas de prevención por parte del sector privado y el alto grado de coordinación interinstitucional en España. También, señala el conocimiento de los riesgos y la adopción de medidas adecuadas por parte del sector privado, la labor de divulgación de las instituciones públicas sobre estos riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y la supervisión de las autoridades en esta materia.

Entre las fortalezas del sistema de prevención español destacan el esquema de coordinación institucional con la comisión de blanqueo de capitales en cabeza, en la que participan comunidades autónomas y distintos ministerios con competencias en áreas económicas, así como por el esquema de unidad de inteligencia financiera enmarcado en el Sepblac.

Medidas preventivas

España ahora está alcanzando un nivel sustancial de efectividad para garantizar que las instituciones financieras y abogados, inmobiliarias y otras empresas y profesiones no financieras apliquen medidas preventivas para abordar los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo que enfrentan, y denuncien transacciones sospechosas. El GAFI ha reconocido el esfuerzo al calificar a España de Moderado a Sustancial.

El país ha tomado medidas para abordar todas las acciones prioritarias y de recomendación identificadas en la evaluación mutua de 2014. En esta última revisión, España mejora de moderado a sustancial el indicador relativo a la aplicación adecuada de las medidas preventivas por parte de las entidades financieras y no financieras. El informe destaca el conocimiento de los riesgos y la adopción de medidas adecuadas por parte del sector privado, la labor de divulgación de las instituciones públicas sobre estos riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y la supervisión de las autoridades en esta materia.

Las autoridades españolas también sensibilizaron al sector financiero, en particular a los servicios de transferencia de valor monetario y a las empresas y profesiones no financieras sobre los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo que podrían encontrarse y las medidas que pueden implementar para mitigar estos riesgos.

Armas de destrucción masiva

España ahora está logrando un nivel sustancial de efectividad para evitar que las personas y entidades involucradas en la proliferación de armas de destrucción masiva recauden, muevan y usen fondos, de conformidad con las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El GAFI ha elevado la calificación a España de Moderada a Sustancial.

El informe explica que el Gobierno español prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, ante el actual decalaje de días que se produce hasta que se aplica el reglamento europeo del que depende España, según han indicado en fuentes del Ministerio de Economía.

España ha establecido varios mecanismos de coordinación para evitar la financiación de armas de destrucción masiva. El país ha demostrado que ya sea a través de investigaciones policiales o la supervisión de las entidades informantes, pueden identificar e interrumpir a aquellos que buscan evadir las sanciones de financiación de la proliferación.

Congelación de cuentas

Finalmente, aunque se observan mejoras, España mantiene la calificación de moderada en el indicador relativo a la aplicación inmediata de las resoluciones de Naciones Unidas sobre congelaciones de fondos a listas de terroristas internacionales.

España debe centrarse ahora en fortalecer la eficacia de su medida para evitar que los terroristas y las organizaciones terroristas recauden, muevan y utilicen fondos y abusen del sector sin fines de lucro.

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